Hemos hablado y escuchado innumerables veces sobre las Medidas Extraordinarias, pero podemos afirmar, sin duda alguna, que estas medidas no poseen una definición clara. Dichas medidas no significan lo mismo para nosotros, como servidores públicos, o para la opinión ciudadana,  o para los medios de comunicación, o incluso para las mismas pandillas, son perspectivas distintas. Y esto se debe a que simplemente desde cada punto de vista planteado, existe un interés distinto, por ejemplo: nuestros ciudadanos únicamente quieren que se les garantice su seguridad, ese es su derecho; pero en el ámbito político, lamentablemente, el interés de mayor peso es meramente electoral, y cuando en este pleno mencionamos estas medidas ¿qué interés estamos poniendo sobre ellas?

Dicho esto, considero justo y necesario también cuestionarnos: ¿qué son las Medidas Extraordinarias? Y les puedo asegurar que la conclusión nos lleva a que simplemente son parte de una estrategia comunicacional del Gobierno, que tienen como fin enmarcar la reducción de homicidios como su máximo indicador para cambiar la percepción pública y generar una pantalla de seguridad, la cual se desvanece día tras día, homicidio tras homicidio. ¿Qué hay de extraordinario en esto?, ¿acaso no es deber del Estado garantizar la seguridad ciudadana?

Pedir una prórroga de estas medidas no es más que una solicitud costosa y vacía que promueve el seguir violando derechos humanos, y utilizar de forma inadecuada el poder de las autoridades sin garantizar nuestra seguridad ciudadana. Es por ello, que todo salvadoreño tiene derecho a saber que estas medidas no van más allá de comunicados y declaraciones de voceros del Gobierno. El día de ayer en la cuenta de Twitter de la PNC dijo lo siguiente: “Las medidas extraordinarias tangibilizan un fuerte golpe a la acción delictiva en la zona costera de Usulután con esta operación Tortuga”, ¿qué tiene que ver esto con las medidas?, ¿el logro de un operativo es sujeto de medidas o es plena obligatoriedad de las autoridades?

Si mencionamos algunas de estas medidas, como la suspensión de visitas en todo el sistema penitenciario, suspensión de los traslados de privados a audiencias judiciales, garantizar corte y suspensión del tráfico de las comunicaciones, entre otras, ¿qué logros extraordinarios y sustanciales han logrado estas medidas extraordinarias?

No es suficiente decir que están funcionando sin decir cómo, los informes que se han recibido de parte del gabinete de seguridad pueden decir que han hecho pero no dice el porqué lo han hecho, ¿cuánto se gasta en lo que han hecho?, ¿cuál es el impacto real que se ha generado en la seguridad proporcionada a los salvadoreños?, ¿cómo esto ayuda a detener y prevenir el fenómeno social de las pandillas?, ¿cómo esto ayuda a que más jóvenes dejen de integrarse en las estructuras pandilleriles? Es inaudito, que nuestro país preside el consejo de los derechos humanos en la ONU (primera vez que una nación centroamericana llega a ese puesto), basados en las Medidas Extraordinarias, se violentan los derechos humanos a diario; el Gobierno siempre nos deja más dudas que soluciones, y solo colocan pequeños parches ante los grandes agujeros que carcomen a nuestro país.

Hace 12 meses estas eran medidas extraordinarias que pretendían lograr un cambio positivo a nivel de seguridad, y hoy estamos queriendo volver a requerir de ellas, entonces… ¿cuál ha sido el cambio positivo?, ¿qué mejora ha habido? Podrán decir que los homicidios se han reducido en un 18%, pero 2016 cerró con más de 23,000 deserciones escolares, con más de 30 alumnos asesinados, una tasa de migración donde el detonante es la inseguridad ciudadana, y con un crecimiento económico enfrentado ante una crisis fiscal, sumándole la salida de la Fuerza Armada a nuestras calles, pero siguen hablando de efectividad sin contrastar con nuestra realidad de país.

Muchos acá van a querer decir que estoy defendiendo los derechos asesinos, y quiero dejar claro que no es así, pues si hablamos de las víctimas de nuestro país, podemos decir que somos todos, el simple hecho de no sentirse seguro en nuestras calles nos convierte en víctimas y nos cohiben nuestro derecho a la seguridad como lo establece nuestra constitución, como si todos viviésemos privados de libertad. Y también han creado a nuevas víctimas, jóvenes que han sido encarcelados sin razones algunas y así sumar un número más a sus supuestos logros como resultados de las medidas extraordinarias, como es el caso de Daniel Alemán, un joven tratado como delincuente sin pruebas de ello, y así existen muchos casos más, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros jóvenes?, ¿qué oportunidades estamos generando para ellos?, ¿qué razones les damos para que permanezcan en nuestro país? No puede el gobierno priorizar sus promociones argumentando que “El Salvador avanza”, cuando la realidad es que nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos… están buscando oportunidades fuera de nuestras fronteras.

No olvidemos que el fenómeno de las pandillas ha sido el resultado de un daño colateral de nuestras acciones, de resentimientos arraigados en nuestra sociedad. En 1999 había aproximadamente 7,500 personas encarceladas y hoy la cantidad se ha quintuplicado, y por esa razón El Salvador es el séptimo país con mayor encarcelamiento y hacinamiento a nivel mundial, también por cada 100 mil habitantes son 541 personas las que están encarceladas, la mayoría de reos son personas jóvenes, que en un un momento saldrán libres, ¿cuánto rencor tendrán guardado?, ¿se habrán readaptado dentro de nuestro sistema penitenciario?, tal como se establece nuestra Constitución de la República, y quiero permitirme leer el Art. 27 en su tercer inciso: “El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos, y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos” (versión de la Constitución, explicada, de FESPAD) quiero citar la interpretación del artículo: “En relación a los centros penitenciarios, conocidos como cárceles, se establece que su función no es castigar a quienes hayan cometido delitos sino rehabilitarlos, formarles hábitos de trabajo y procurar su readaptación a la vida social, si el sistema carcelario no esta organizado con la idea de readaptación a la vida social de los reos, en vez de prevenir los delitos los fomenta”. Verdaderamente esto es alarmante, y no podemos permitirnos heredarle a las siguientes generaciones más daños, y más resentimientos que estaquen a nuestro país, tracemos una visión de trabajo a largo plazo; hoy nadie habla del plan “El Salvador Seguro”, todo es medidas extraordinarias, ¿qué pasó con aquel plan?

Finalmente quiero agradecer a todos los policías, y a nuestros soldados que diariamente arriesgan sus vidas en cumplimiento del deber, pero también quisiera hacer una aclaración a las máximas autoridades de seguridad aquí presentes, permítanme hacerles una crítica constructiva. No les luce andar politiqueando en este pleno, mientras policías y soldados andan exponiéndose en las calles. Considero que es parte del respeto entre los diferentes poderes del Estado. Considero que su presencia este día es poco prudente, y muy particularmente me choca la presencia de oficiales militares; plegarse a iniciativas del Gobierno siendo una institución de Estado es una falta grave a nuestra democracia.